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La Asociación Vecinal URIBITARTE ANAITASUNA se enfrenta a una reclamación de 50.000 euros por denunciar el ruido y el uso indebido del espacio público en el distrito de Abando 

La empresa propietaria del local de hostelería Da Vinci, un establecimiento del grupo IV con horario de apertura hasta las 6:00 horas en invierno y ampliado durante el verano, reclama una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros por las denuncias vecinales sobre el ruido y el uso de la plaza Arbolantxa.

La Asociación Vecinal URIBITARTE ANAITASUNA defiende ante los tribunales su derecho a denunciar estos problemas y advierte del riesgo de que este tipo de demandas sirvan para intimidar y frenar la participación vecinal.

Bilbao, 17-09-2026.- La Asociación Vecinal y su presidencia han sido citadas a un acto de conciliación después de que la empresa gestora del local Da Vinci (Inversiones Isanola S.L.) presentara una reclamación judicial.

La empresa pide que la Asociación se retracte públicamente de lo publicado en los escritos enviados al Ayuntamiento y en sus redes sociales. También reclama una indemnización de 50.000 euros por los supuestos daños causados al honor de la empresa. 

La Federación de AAVV de Bilbao y URIBITARTE ANAITASUNA consideran que esta reclamación es una medida de presión desproporcionada que busca frenar el trabajo vecinal y silenciar las protestas de las personas residentes en el distrito de Abando.

Durante años, el vecindario, a través de la asociación URIBITARTE ANAITASUNA, ha trasladado públicamente sus quejas por los problemas de ruido a altas horas de la madrugada, las aglomeraciones en la vía pública y las dificultades para utilizar de forma libre y cívica la plaza privada de uso público de Arbolantxa.

La Asociación vecinal defiende que sus denuncias responden a un problema de interés público y señala que sus informaciones y actuaciones públicas se basan en datos objetivos, testimonios de personas afectadas, registros de sonómetros instalados por el Ayuntamiento y el seguimiento del cumplimiento de las ordenanzas municipales. También aclara que la lucha vecinal no ataca la hostelería, sino que se enfrenta a la actitud del Ayuntamiento que permite y avala actividades en beneficio privado que perjudican la calidad de vida de las y los vecinos.

Por este motivo, la representación vecinal ha acudido al Juzgado para cerrar el acto de conciliación sin llegar a un acuerdo y reafirmar su compromiso con la libertad de expresión, la salud ambiental y la convivencia en Abando. 

La Asociación Vecinal en el acto de conciliación no se aviene a la petición formulada ni al pago de 50.000 €, rechaza íntegramente la solicitud y defiende que: 

1.    Está ejerciendo su libertad de expresión e información (artículo 20 de la Constitución Española). 
La asociación considera que sus actuaciones se limitan a realizar una crítica pública legítima y a ejercer el derecho de petición y denuncia ciudadana ante lo que entiende como una falta de respuesta de las administraciones públicas a problemas recurrentes de incivismo, saturación del espacio público y molestias por ruido a altas horas de la madrugada en el entorno del establecimiento. 
2.    Sus denuncias se refieren al uso y al impacto de la actividad en el espacio público. 
Las manifestaciones de la asociación reflejan la preocupación del vecindario por el uso intensivo de la plaza Arbolantxa, la afección al tránsito y al libre uso de este espacio, así como por el impacto acústico que sufren las personas residentes debido a las aglomeraciones y a la actividad de ocio nocturno. 
3.    No existe una intromisión ilegítima. 
La asociación sostiene que no ha realizado ninguna calumnia ni injuria contra la empresa ni sus titulares, sino que ha puesto de manifiesto un problema ambiental y de convivencia pública que considera de interés general para el barrio. 
4. Rechaza tanto la indemnización como cualquier intento de frenar su actividad vecinal. 
La Asociación rechaza de forma categórica la petición de que cese su labor vecinal y la reclamación de 50.000 euros, al considerar que no tiene fundamento jurídico y que pretende generar un efecto de intimidación sobre la asociación”. 

En opinión de la Federación de AAVV de Bilbao y la asociación Uribitarte Anaitasuna, las asociaciones vecinales son el altavoz legítimo del vecindario frente a situaciones y abusos que deterioran la calidad de vida en nuestras calles. Por ello, exigir 50.000 euros a una entidad sin ánimo de lucro por visibilizar el problema del ruido, suciedad e incivismo en el espacio público sienta un precedente peligroso contra la libertad de expresión y la participación ciudadana. 

Llamamiento al Ayuntamiento y al movimiento asociativo 
La Federación de AAVV de Bilbao y la asociación Uribitarte Anaitasuna hacen un llamamiento al Ayuntamiento de Bilbao y a las redes asociativas de la ciudad para que no se ponga en riesgo la defensa de los derechos fundamentales al descanso y a la intimidad personal y familiar en el domicilio, reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Española, frente a los intereses comerciales de un ocio intensivo. Además, considera que encontrar un equilibrio entre estos intereses debe ser una responsabilidad compartida por las administraciones públicas, empresas privadas, las personas que viven en los espacios y los colectivos asociativos que trabajan para construir en la ciudad barrios saludables, habitables y sostenibles.